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PTLo que un mundo con un aumento de más de 1,5 °C exige de las empresas
El 2 de septiembre de 2026, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) publicó “Limiting Overshoot”, el primer informe dedicado a las consecuencias de superar los 1,5 °C. La conclusión: el rebasamiento se producirá en los próximos años. En el escenario más optimista, el calentamiento alcanza cerca de 1,8 °C antes de remitir, pero la mayoría de los demás escenarios apuntan a picos más elevados. La tarea ahora consiste en limitar la intensidad y la duración de ese rebasamiento, con recortes inmediatos de las emisiones de gases de efecto invernadero, incluido el metano, medidas de secuestro de carbono bien gestionadas y acciones de adaptación.
Los datos observados ya apuntan en esa dirección. Según Copernicus, 2024 fue el año más cálido de la serie, con unos 1,6 °C por encima de los niveles preindustriales, y la media de 2023 a 2025 fue el primer trienio por encima de 1,5 °C. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) estima en un 91 % la probabilidad de que al menos un año entre 2026 y 2030 supere ese umbral. Cabe destacar que unos años aislados no significan que se haya superado el límite establecido por el Acuerdo de París, que se refiere a la media a largo plazo. Sin embargo, las proyecciones a largo plazo refuerzan la alerta: con las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) actuales, el mundo se encamina hacia un aumento de entre 2,3 °C y 2,5 °C; con las políticas vigentes, hacia los 2,8 °C (Emissions Gap Report 2025).
Esto no hace que el objetivo de 1,5 °C sea irrelevante. Cada décima de grado adicional aumenta las pérdidas y el riesgo de llegar a puntos de no retorno, y cada año por encima del límite incrementa el volumen de absorciones de carbono que será necesario posteriormente.
El papel del sector privado ante unas NDC insuficientes
La brecha entre las NDC y lo que indica la ciencia suele interpretarse como un problema de los gobiernos. Esa interpretación es incompleta. Las metas nacionales marcan el rumbo, pero gran parte de las decisiones que influyen en las emisiones — como dónde invertir, qué tecnología adoptar y a qué proveedores contratar — las toman las empresas. Según el PNUMA, alinearse con la trayectoria de 1,5 °C requeriría reducir las emisiones globales en un 55% para 2035, en comparación con 2019. Sin embargo, incluso si se cumplieran todas las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), el mundo seguiría encaminándose hacia un calentamiento de 2,3 a 2,5 °C. Es decir, el mínimo regulatorio no es suficiente y el sector privado debe ir más allá.
En Brasil, la frontera entre lo voluntario y lo obligatorio también está cambiando. El SBCE, sistema brasileño de comercio de emisiones, convertirá parte de esta agenda en una obligación para los grandes emisores, y las empresas que se adelanten dispondrán de más tiempo para planificar la transición y de un menor coste de adaptación.
También se produce un efecto en cadena. Los objetivos de alcance 3 de los grandes compradores y los requisitos climáticos de bancos e inversores hacen que se exija a proveedores que nunca han asumido compromisos públicos. Para gran parte de las empresas brasileñas, la presión para la implementación debería llegar antes por parte de los clientes y financiadores que por la regulación. Quien llegue a esta conversación sin un inventario sólido ni un plan, o solo con un objetivo declarado, tiende a perder terreno en los contratos y en las condiciones de financiación.
El problema no es la falta de objetivos
Los compromisos han crecido mucho más rápido que su cumplimiento. Según el Net Zero Stocktake 2025, 1.245 de las aproximadamente 2.000 empresas más grandes del mundo tienen objetivos de neutralidad, frente a las 417 de 2020. Solo el 7% cumple todos los criterios mínimos de integridad, y 385 no presentan un plan claro para cumplirlos. En la campaña “Business Ambition for 1,5 °C” de la la iniciativa Science Based Targets (SBTi), a alrededor del 30% de las empresas se les retiró el compromiso por no presentar objetivos validados dentro del plazo establecido.
Las normas están adaptándose. La versión 2.0 del Corporate Net-Zero Standard de la SBTi, publicada en junio de 2026 y obligatoria para los nuevos objetivos a partir de 2028, organiza los objetivos en ciclos de cinco años, evalúa el cumplimiento al final de cada ciclo, exige una verificación externa para las empresas más grandes y solicita un plan de transición. También deja claro que los créditos de carbono no sustituyen a la reducción en el inventario. Con ello, la validación del objetivo pasa a ser el inicio de un ciclo de rendición de cuentas.
Al mismo tiempo, el entorno político se ha vuelto más adverso. La salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, la presión política sobre la agenda ESG y la pérdida de adhesión a las alianzas voluntarias han llevado a las empresas a rebajar sus objetivos o a dejar de hablar de ellos. Revisar un objetivo a la luz de nuevos datos es legítimo, siempre que se expliquen las premisas y los nuevos plazos. Lo que compromete la credibilidad de la agenda corporativa es abandonar los objetivos sin explicación o mantenerlos en los informes sin proyectos que los respalden. Inversores, financiadores, clientes y reguladores están cada vez más atentos a esta diferencia.
La prueba de credibilidad
Un objetivo climático gana credibilidad cuando la empresa logra demostrar:
- objetivos intermedios a corto plazo, y no solo un objetivo a largo plazo;
- proyectos de descarbonización con un calendario, responsables y con un presupuesto aprobado;
- inversión (CAPEX) coherente con la trayectoria declarada;
- objetivos climáticos vinculados a la remuneración de los directivos y supervisados por el consejo de administración;
- informe anual sobre los avances, con verificación externa;
- créditos de carbono como complemento, nunca como sustituto de la reducción;
- explicación pública de las desviaciones y los ajustes de rumbo.
Sin estos elementos, es difícil que un objetivo se sostenga ante inversores, financiadores y auditores.
Plan de transición
El plan de transición es donde la promesa se convierte en decisión. Debe traducir el objetivo en proyectos, costes, fuentes de financiación, plazos y responsables, integrados en el ciclo presupuestario y en la asignación de capital. En un mundo con un calentamiento superior a 1,5 °C, también debe tener en cuenta dos aspectos a la vez: mantener la descarbonización alineada con el objetivo de 1,5 °C y preparar a la empresa para un clima más cálido que ese límite. Para cumplir esta función, el plan debe pasar por el consejo de administración, el departamento financiero y el de operaciones, y no limitarse al informe de sostenibilidad.
Esto exige que el análisis de riesgos físicos evalúe escenarios de 2 °C o más, ya que los activos, las cadenas de suministro y las comunidades circundantes estarán expuestos a fenómenos más frecuentes e intensos, independientemente del objetivo de cada empresa. En la práctica, esto significa incorporar proyecciones climáticas a largo plazo en las decisiones sobre activos con una vida útil prolongada, revisar las premisas relativas a los seguros y a la continuidad operativa, y identificar las dependencias críticas de la cadena de suministro. Dado que la mitigación y la adaptación compiten por el mismo presupuesto, un plan bien elaborado deja claro cómo se realiza dicha asignación y qué riesgos decide asumir la empresa.
El contexto refuerza esta integración. La COP30 aprobó el compromiso de triplicar la financiación para la adaptación hasta 2035, y el PNUMA estima que los países en desarrollo necesitarán entre 310.000 y 365.000 millones de dólares al año, entre 12 y 14 veces los flujos públicos internacionales actuales. En Brasil, el Plan de Adaptación Climática prevé que las inversiones federales en infraestructuras tengan en cuenta los riesgos climáticos en sus contratos. En el ámbito de la divulgación, la Fundación IFRS ya ha publicado directrices sobre planes de transición en el marco de la IFRS S2, y quienes se adhieran al informe de CBPS (Comité Brasileño de Pronunciamientos de Sostenibilidad) deberán mantenerlo durante al menos tres ejercicios, aplicándose el principio de “aplica o explica” a partir de 2027 (Resolución 244/2026 de la Comisión de Valores Mobiliarios, CVM, regulador del mercado de capitales brasileño).
La pregunta que importa
La pregunta que cada empresa debería responder en su próximo informe no es “¿cuál es nuestro objetivo?”, sino “¿qué hemos logrado este año, cuánto hemos invertido y qué nos queda por hacer?”. En un mundo que probablemente superará los 1,5 °C, la ambición sigue siendo necesaria. Lo que ahora diferencia a las empresas es la capacidad de demostrar la puesta en práctica.
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Referencias
Laise Mondo
Melina Amoni
