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PTFinanzas sostenibles exigen evidencia: en busca de impacto real
La transición hacia una economía baja en carbono depende del acceso al capital y de la capacidad de convertirlo en proyectos con resultados medibles. El vínculo crítico es la construcción de prácticas e instrumentos de monitoreo, reporte y verificación (MRV) que generen evidencia confiable, medible y auditable del impacto climático y socioambiental. Sin esta infraestructura informativa, las instituciones financieras tienen dificultades para demostrar la integridad de sus carteras, y los beneficiarios finales no logran evidenciar adicionalidad e impacto, lo que limita el flujo de crédito y encarece la originación.
Para las instituciones financieras, el MRV es simultáneamente gestión de riesgos y estrategia comercial, ya que condiciona el acceso a fuentes de financiamiento y la calidad de la originación. El sector necesita rastrear el destino de los recursos, reportar resultados, comparar el desempeño con líneas base y metas, y documentar procesos que aseguren el cumplimiento de salvaguardas. En Brasil, la exigencia de políticas formales para abordar riesgos e impactos socioambientales y climáticos refuerza esta agenda y exige que la gobernanza de datos sea parte orgánica de la planificación empresarial, no un apéndice de cumplimiento. En este contexto, la Política de Responsabilidad Social, Ambiental y Climática (de la sigla en portugués, PRSAC), establecida por el Consejo Monetario Nacional de Brasil, funciona como un mínimo organizativo y de transparencia, orientando la implementación de acciones enfocadas en la efectividad de estas prácticas.
Del lado de los implementadores, el desafío es distinto pero complementario. Convertir directrices en prácticas cotidianas implica medir líneas base, monitorear indicadores simples y materialmente relevantes, registrar costos y co-beneficios, y cuando sea necesario, someter la información a verificación independiente. Para pequeñas y medianas empresas, esto suele enfrentarse a restricciones de caja y capacidad técnica. La consecuencia es conocida: proyectos prometedores no logran demostrar su mérito de impacto, volviéndose menos financiables. La solución pasa por reducir el costo de cumplimiento mediante protocolos proporcionales al riesgo, formas innovadoras de generación de evidencia —como el uso de tecnologías de monitoreo remoto— y la adopción de directrices con alcance y métodos de medición claros.
Dado que los mercados exigen comparabilidad y trazabilidad, las taxonomías y estándares de elegibilidad ofrecen una gramática común para quienes captan y quienes prestan. En el caso brasileño, el esfuerzo por construir criterios locales alineados con objetivos climáticos y socioambientales crea previsibilidad para emisores y originadores, reduce asimetrías de información y ayuda a distinguir el impacto real. Sin MRV, sin embargo, cualquier taxonomía de actividades sostenibles queda incompleta e ineficaz, ya que la elegibilidad depende de datos verificables y auditables a lo largo del tiempo.
Del lado de la demanda de crédito, las empresas a menudo carecen de capacidad técnica y presupuesto para cumplir con los requisitos de generación de información. En sectores de uso de la tierra, por ejemplo, de alta relevancia para la transición brasileña, la dispersión de productores aumenta la complejidad de monitorear prácticas y resultados. Programas innovadores como Eco Invest Brasil enfrentan esta tensión.
En el segundo concurso, enfocado en la recuperación de áreas degradadas, el diseño buscó equilibrar las exigencias de cumplimiento socioambiental y MRV con la atracción para instituciones financieras y beneficiarios finales. La directriz central fue calibrar robustez y viabilidad: estándares que atiendan al rigor y a la garantía mínima de integridad, y que al mismo tiempo sean ejecutables por agentes privados a escala, tanto por las instituciones financieras como operadores del programa, como por el sector productivo, beneficiarios finales de los recursos.
A nivel internacional, referencias consolidadas ayudan a anclar prácticas. Estándares como los de la IFC recomiendan que el nivel de monitoreo sea proporcional al riesgo y que, en proyectos de mayor impacto, la información de desempeño sea verificada por especialistas externos. Esta directriz simple orienta una arquitectura escalable: datos mínimos y confiables para operaciones de bajo riesgo; trazabilidad más densa cuando los riesgos e impactos lo exigen. Aplicada con criterio, evita tanto la “prueba imposible” que paraliza proyectos como la complacencia que debilita carteras y reputaciones.
De este análisis emergen algunos principios operativos. Primero, el MRV debe planificarse desde la originación, no después del financiamiento. Esto incluye definir indicadores objetivos, métodos de medición factibles y calendarios de reporte compatibles con los ciclos productivos. Segundo, la proporcionalidad es clave: los requisitos y costos de verificación deben escalar según el riesgo, tamaño y complejidad del proyecto. Tercero: la digitalización, automatización, estandarización y adopción de tecnologías innovadoras reducen costos de transacción y facilitan auditorías, especialmente cuando los datos primarios se recopilan durante el proceso. El cuarto principio demuestra que la capacitación es parte del producto financiero: sin formación y asistencia técnica, la brecha de capacidad seguirá bloqueando la transformación del capital en impacto real.
En síntesis, el MRV no es un fin en sí mismo, sino el mecanismo que convierte metas en evidencia y evidencia en confianza. Es esa confianza, materializada en datos verificables, la que desbloquea el crédito sostenible a escala, alinea incentivos entre financiadores e implementadores, y produce, finalmente, resultados que puedan medirse, aprenderse y mejorarse con el tiempo.
Soluciones para los desafíos del financiamiento climático
En el diseño de instrumentos financieros y políticas públicas, WayCarbon apoya a sus clientes en la formulación de líneas de crédito, productos financieros innovadores y mecanismos que buscan adicionalidad a partir de diagnósticos sectoriales y análisis de riesgo climático, definiendo criterios de elegibilidad, metas de desempeño y disparadores vinculados a indicadores medibles.
Además, contribuimos a la elaboración de flujos operativos de información con protocolos de MRV proporcionales al riesgo y compatibles con estándares nacionales e internacionales, asegurando el alineamiento con los requisitos que buscan el cumplimiento de la sostenibilidad.
En políticas, apoyamos en el diseño de estructuras de incentivos y condicionalidades, desarrollando arreglos de gobernanza y capacitando actores en la construcción de instrumentos y rutinas adecuadas a los desafíos del contexto institucional brasileño. El enfoque es reducir los costos de cumplimiento y viabilizar la operatividad, produciendo marcos que conecten originación, monitoreo y verificación en rutinas factibles para agentes públicos y privados.
